La senadora, Rosalva Romero, acompañó el inicio de la campaña de desparasitación y vitaminización del ganado que lleva adelante el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de Seragro y en coordinación con la Asociación de Ganaderos del Chaco (Asogachaco).
La primera jornada de atención se desarrolló en la comunidad de Bajada Baya, donde productores ganaderos recibieron asistencia destinada a fortalecer la sanidad de sus animales y prevenir enfermedades que afectan la productividad del hato ganadero.
La actividad contó con la presencia del Ejecutivo Regional, David Rojas; la senadora Rosalva Romero; el presidente de la Asamblea Regional, Prudencio Barrientos; el presidente de Asogachaco, Cirilo Loayza; además de funcionarios y productores del sector.
Durante la actividad, Romero destacó la importancia de apostar por la ganadería como una actividad productiva estratégica para el desarrollo del Gran Chaco, considerando su aporte a la economía regional, la generación de empleo y el sustento de numerosas familias.
“La ganadería es una actividad productiva que debemos fortalecer. No se trata solamente de atender la sanidad del ganado, sino de generar condiciones para que nuestros productores puedan mejorar su producción, crecer y aportar al desarrollo económico de nuestra región”, señaló la senadora.
Asimismo, resaltó que las acciones de prevención y atención sanitaria constituyen un componente fundamental para mejorar la productividad y proteger la inversión de los productores.
Romero sostuvo que el fortalecimiento del sector ganadero requiere una visión integral, que incluya sanidad animal, asistencia técnica, acceso a tecnología, infraestructura productiva, caminos, agua y mecanismos que permitan mejorar la comercialización de la producción.
“Si queremos hablar de desarrollo productivo en el Gran Chaco, tenemos que mirar también al campo y a quienes producen. La ganadería tiene potencial y debemos acompañar ese esfuerzo con políticas y acciones concretas”, afirmó.
La campaña iniciada en Bajada Baya contempla la atención sanitaria del ganado mediante procesos de desparasitación y vitaminización, contribuyendo a mejorar las condiciones del hato y respaldar el trabajo de los productores ganaderos de la región.
La senadora Romero valoró la iniciativa del Gobierno Regional y reafirmó su disposición de acompañar las demandas del sector productivo, promoviendo acciones que permitan consolidar al Gran Chaco como una región con mayores oportunidades para la producción y la generación de empleo.
Garantizar que la electricidad llegue a más familias y comunidades rurales, y que también pueda convertirse en una herramienta para fortalecer proyectos productivos, es el objetivo de las gestiones impulsadas por la senadora nacional Rosalva Romero en el marco de la socialización del proyecto “Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR III”.
En Villa Montes se desarrolló una jornada de socialización con la participación de representantes del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, quienes explicaron los alcances, requisitos y alternativas que contempla el proyecto para ampliar el acceso a la electricidad en zonas rurales.
La actividad contó con la presencia del ejecutivo regional del Gran Chaco, David Rojas; el alcalde de Villa Montes, Horacio Bass Werner, autoridades, equipos técnicos de las entidades territoriales y representantes de organizaciones sociales.
El IDTR III, financiado por el Banco Mundial, contempla diferentes soluciones para ampliar el acceso sostenible a la electricidad, incluyendo la extensión y densificación de redes y sistemas de generación solar para comunidades que presentan mayores dificultades de acceso.
Para la senadora Rosalva Romero, avanzar hacia una verdadera democratización del servicio eléctrico implica garantizar que las familias de las comunidades rurales puedan contar con electricidad en sus viviendas, pero también que este servicio contribuya al desarrollo económico de sus territorios.
“La energía es un derecho y también una herramienta de desarrollo. Queremos que llegue a las viviendas de nuestras comunidades, pero que también permita impulsar proyectos productivos, mejorar las condiciones de trabajo y generar nuevas oportunidades para nuestras familias”, sostuvo Romero.
Durante la jornada se absolvieron consultas y se profundizó en los requisitos técnicos y administrativos necesarios para acceder a las diferentes alternativas que contempla el proyecto, además de recoger las propuestas y necesidades planteadas por las autoridades y actores locales.
La senadora destacó la importancia de acercar directamente al territorio a los responsables del programa, permitiendo que las autoridades y equipos técnicos del Gran Chaco conozcan las posibilidades existentes y puedan identificar proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades.
Viviendas con electricidad, comunidades conectadas y proyectos productivos con mayores posibilidades de crecimiento forman parte de una misma visión de desarrollo para el Gran Chaco.
Romero señaló que continuará acompañando las gestiones ante el nivel central para que las comunidades de la región puedan acceder a los programas de electrificación y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas alternativas energéticas.
La socialización del IDTR III constituye así un paso para fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, con el propósito de avanzar hacia un acceso más amplio, sostenible y equitativo a la energía eléctrica en el Gran Chaco.
Villa Montes | 17 de septiembre de 2026
Después de años sin iluminación, la reposición del sistema de luminarias de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso ya ingresó a una etapa concreta. La EBC publicó en el SICOES la convocatoria para reponer el cableado subterráneo y los postes, con un precio referencial de Bs 961.420,36.
El proceso es resultado de una serie de acciones de fiscalización y gestión impulsadas por la Senadora Rosalva Romero. Inicialmente, la senadora Romero promovió una Minuta de Comunicación solicitando que se adopten acciones para que las luminarias vuelvan a funcionar.
Posteriormente, ante la afirmación del Ministro de Obras Públicas de que la responsabilidad correspondía al Gobierno Municipal de Yacuiba, Romero solicitó una Petición de Informe Escrito para conocer cuándo y bajo qué condiciones se habría realizado la entrega de las luminarias.
La respuesta del propio Ministerio señaló que dicha entrega no se había efectuado, generándose una contradicción que motivó el seguimiento parlamentario del caso, por lo cual Romero solicitó a la Comisión de Autonomía la aprobación de una Petición de Informe Oral (PIO) para que el Ministro Zamora absolviera las contradicciones planteadas dentro del proceso de fiscalización.
Mientras se gestionaba la realización del PIO, la EBC y la ABC comenzaron a trabajar en los mecanismos necesarios para viabilizar la reposición de los componentes sustraídos y recuperar el sistema de iluminación. Ese proceso hoy se traduce en la convocatoria publicada en el SICOES.
El cronograma establece la presentación de propuestas para el 17 de septiembre, la adjudicación hasta el 28 de septiembre y la entrega definitiva hasta el 10 de noviembre de 2026.
“La licitación es un paso enorme. Pero nuestro objetivo final es que las luminarias sean repuestas, conectadas y encendidas. Vamos a continuar haciendo seguimiento hasta ver iluminada la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso”, afirmó la senadora Romero.
Paralelamente, será necesario que el Gobierno Municipal de Yacuiba trabaje una propuesta de convenio con la ABC para definir la administración, mantenimiento y consumo de energía del sistema, así poder fusionar ideas y sacar un solo documento con la ABC, además de gestionar el medidor y la conexión eléctrica, de manera que las luminarias puedan ser entregadas funcionando.
Después de años de espera, el camino hacia la recuperación de la iluminación ya está en marcha, dijo Romero
Con la participación de autoridades municipales, representantes de diferentes sectores y ciudadanía, se desarrollaron los Foros de Interés Ciudadano (FIC) “Gran Chaco: Rumbo al Desarrollo”, impulsados por la senadora Rosalva Romero para socializar el Proyecto de Ley N.º 190/2025-2026 C.S., Zona Económica Especial del Gran Chaco.
La agenda comenzó en Villa Montes, continuó en Caraparí y concluyó en Yacuiba, generando espacios de información, diálogo y participación ciudadana en los tres municipios del Gran Chaco. Durante los encuentros se explicó el contenido y los objetivos de la propuesta, que busca establecer condiciones especiales para atraer inversión nacional y extranjera, fortalecer la actividad productiva, promover la industrialización y generar nuevas oportunidades para los actores económicos de la región.
Uno de los principales objetivos de los FIC fue escuchar al territorio. Los participantes pudieron conocer la estructura del proyecto y, posteriormente, plantear opiniones, observaciones, sugerencias y propuestas de mejora que puedan ser consideradas durante su tratamiento legislativo.
Romero destacó el acompañamiento de los alcaldes de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, así como la participación de las instituciones y ciudadanos que se sumaron a las jornadas.
“Una propuesta de esta magnitud tiene que construirse escuchando al Gran Chaco. Hemos venido a explicar el proyecto, pero también a escuchar las opiniones, sugerencias y observaciones de nuestra gente para seguir mejorándolo”, señaló la senadora.
Un proyecto pensado desde el territorio: El Proyecto de Ley N.º 190 plantea la creación de tres polos de desarrollo y un esquema de gobernanza que contempla la articulación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los gobiernos municipales, dentro de sus respectivas competencias.
La propuesta también incorpora incentivos destinados a generar condiciones favorables para nuevas inversiones y busca que los productores, emprendedores y empresarios chaqueños puedan acceder a oportunidades para crecer, industrializar y generar valor agregado en la región.
La iniciativa adquiere especial relevancia por la ubicación estratégica del Gran Chaco, su conexión con Argentina y Paraguay, el desarrollo del Corredor Bioceánico y las oportunidades de integración comercial que ofrece el Mercosur.
Participación ciudadana para fortalecer la propuesta: Concluida esta primera etapa de socialización, los aportes recogidos en Villa Montes, Caraparí y Yacuiba forman parte del proceso de análisis de la propuesta.
El objetivo es que la Zona Económica Especial del Gran Chaco no sea solamente un proyecto de ley, sino una herramienta construida con la participación de la región y orientada a convertir su potencial productivo y su ubicación estratégica en inversión, industrialización, empleo y desarrollo.
La propuesta, presentada por la senadora Rosalva Romero el 19 de junio, plantea tres polos de desarrollo, incentivos fiscales y aduaneros y un modelo de gobernanza con participación nacional, regional y municipal. Actualmente se encuentra en proceso de consulta con autoridades del Gran Chaco.
Convertir la posición estratégica del Gran Chaco en una oportunidad concreta de inversión, industrialización, generación de empleo e integración comercial es el objetivo del Proyecto de Ley 190/2025-2026 C.S. de Zona Económica Especial del Gran Chaco , presentado el 19 de junio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por la senadora por Tarija Rosalva Romero.
La iniciativa surge en un momento en que Bolivia enfrenta un escenario económico complejo y plantea la necesidad de que las regiones también generen alternativas para enfrentar los desafíos nacionales, aprovechando sus propias ventajas territoriales y productivas.
Desde su presentación, el proyecto viene atravesando una etapa de socialización y análisis técnico. Como parte de este proceso, la comisión encargada de su tratamiento ha realizado consultas a las autoridades regionales y municipales del Gran Chaco, como a ministerios con el propósito de recoger sus criterios, observaciones y propuestas antes de continuar con el tratamiento legislativo.
El proyecto plantea la creación de tres polos de desarrollo en el Gran Chaco, orientados a fortalecer la actividad productiva e industrial y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.
La propuesta está estructurada sobre cinco componentes principales: Objeto y alcance, que establece los fines y beneficiarios del régimen. Delimitación, referida a la creación territorial y asignación de los polos. Requisitos, que determina los criterios de elegibilidad y acreditación. Gobernanza, basada en la coordinación entre los diferentes niveles del Estado y la posibilidad de establecer alianzas público-privadas. Incentivos, destinados a promover la inversión y las actividades productivas.
Uno de los aspectos relevantes es precisamente el modelo de gobernanza, que busca articular al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y gobiernos municipales, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, para acompañar la planificación, implementación y desarrollo de la Zona Económica Especial.
De esta manera, la propuesta pretende que el desarrollo económico de la zona no dependa de la actuación aislada de un solo nivel del Estado, sino de una coordinación institucional que permita generar mejores condiciones para la inversión y la producción.
El proyecto contempla un paquete de incentivos fiscales y aduaneros para hacer más competitiva la región y estimular nuevas inversiones. Entre los beneficios establecidos en la propuesta se encuentran:
Exención total del IUE por 10 años, con la condición de una reinversión mínima del 50% de las utilidades en la Zona Económica Especial del Gran Chaco.
Gravamen Arancelario del 0% para maquinaria, equipos y bienes de capital destinados a nuevas inversiones.
Alícuota preferencial del 3% para materias primas e insumos no producidos en el país destinados a la Zona Económica Especial.
Exención del IT para operaciones entre unidades productivas que formen parte de una misma cadena dentro de la zona.
La intención es que estos incentivos permitan atraer capital nacional y extranjero, pero también beneficiar a quienes ya desarrollan actividades económicas en el territorio.
La propuesta busca que productores, emprendedores y empresarios del Gran Chaco puedan acceder a condiciones que les permitan ampliar sus actividades, incorporar tecnología, industrializar su producción y generar mayor valor agregado.
La propuesta adquiere especial relevancia por la posición geográfica del Gran Chaco, ubicado en un espacio de conexión directa con Argentina y Paraguay. A esta condición fronteriza se suma el desarrollo del Corredor Bioceánico, que abre posibilidades para incrementar el movimiento de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico y fortalecer actividades relacionadas con logística, transporte, almacenamiento, comercio, servicios e industria. Asimismo, la participación de Bolivia en el Mercosur amplía el escenario de integración económica y comercial con los países de la región. En este contexto, la Zona Económica Especial pretende que el Gran Chaco pueda pasar de ser solamente un territorio de tránsito a convertirse en un espacio de producción, transformación y generación de valor, aprovechando las oportunidades que puede ofrecer la integración regional.
La visión planteada es que el beneficio no sea exclusivamente regional. Si el Gran Chaco logra atraer inversiones, desarrollar industrias y generar nuevas cadenas productivas vinculadas al comercio regional, el impacto puede alcanzar al conjunto de Bolivia, fortaleciendo su presencia en los mercados del sur y aprovechando una infraestructura estratégica como el Corredor Bioceánico.
Interés internacional en la propuesta: El proyecto también ha comenzado a despertar interés fuera de Bolivia.
La senadora Rosalva Romero informó que ya recibió contactos desde Paraguay solicitando información y detalles sobre la propuesta, particularmente por las posibilidades que una Zona Económica Especial podría generar para la inversión y la actividad productiva en el Gran Chaco.
Para Romero, este interés demuestra que la ubicación de la región puede convertirse en un factor de atracción de capitales si se crean las condiciones jurídicas, tributarias y de infraestructura adecuadas.
“Ya hemos recibido llamadas desde Paraguay para conocer los detalles del proyecto. Tenemos que aprovechar nuestra ubicación estratégica y entender que el Corredor Bioceánico no debe ser visto solamente como una carretera. Tenemos que generar las condiciones para producir, transformar, atraer inversiones y generar valor en nuestro territorio”, señaló la legisladora.
Una respuesta regional ante el escenario económico del país: Romero considera que el contexto económico que atraviesa Bolivia exige buscar alternativas y fortalecer las capacidades de las regiones.
La Zona Económica Especial se plantea, en ese sentido, como una herramienta para diversificar la economía, promover la industrialización y generar nuevas fuentes de empleo, aprovechando las ventajas que ya posee el Gran Chaco.
“Bolivia atraviesa una situación compleja y las regiones no podemos quedarnos esperando que todas las soluciones vengan del nivel central. Tenemos que accionar desde nuestros territorios, identificar nuestras ventajas y generar condiciones para enfrentar mejor este escenario”, sostuvo.
La propuesta busca, además, que la inversión que llegue al Gran Chaco pueda vincularse con los actores económicos locales y contribuir al desarrollo de cadenas productivas regionales.
El proyecto continúa en etapa de consulta: Actualmente, el Proyecto de Ley de Zona Económica Especial del Gran Chaco se encuentra en proceso de consulta con las autoridades regionales y municipales, como parte del análisis previo a la continuidad de su tratamiento legislativo.
Para la senadora Romero, esta etapa es fundamental porque permite incorporar la visión de las instituciones y autoridades del territorio y fortalecer técnicamente la propuesta.
La senadora Rosalva Romero el 12 de junio, presentó ante la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N.º 180/2025-2026, que busca declarar de interés público y prioridad nacional la ejecución de la segunda fase de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 4000, de 31 de julio de 2019.
La iniciativa tiene como objeto garantizar el cumplimiento del inciso b) del Decreto Supremo N.º 4000, referido a la ejecución de la segunda fase, correspondiente a 7 kilómetros del tramo carretero Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, en el municipio de Yacuiba.
El proyecto establece que la obra sea incorporada y priorizada en la planificación pública, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), con el propósito de impulsar las gestiones necesarias para obtener el financiamiento externo que permita ejecutar el proyecto.
Asimismo, plantea que el Órgano Ejecutivo establezca un mecanismo de coordinación interinstitucional, con un cronograma de actividades, definición de responsabilidades y mecanismos de supervisión y seguimiento para avanzar en la ejecución de la obra.
El procedimiento legislativo avanza: Como parte del tratamiento del Proyecto de Ley N.º 180, la iniciativa fue remitida a la comisión y al comité correspondiente, que solicitó informes técnicos y legales a las instituciones vinculadas con la planificación, financiamiento y ejecución de la obra.
La consulta fue dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.
Sin embargo, ante la falta de respuesta de las instituciones consultadas, la Secretaría del Comité determinó solicitar una conminatoria para que se remitan los informes requeridos, considerados necesarios para continuar con el análisis y tratamiento legislativo del proyecto.
La senadora Romero señaló que estos informes son importantes porque permitirán conocer la posición técnica, legal y financiera de las instituciones involucradas y establecer las condiciones necesarias para avanzar con la iniciativa.
“No estamos pidiendo que el Gobierno Regional o el Municipio ejecuten una carretera que corresponde a la Red Vial Fundamental. Lo que buscamos es que se cumpla el Decreto Supremo N.º 4000 y que, desde el nivel nacional, se realicen las gestiones necesarias para conseguir el financiamiento externo y hacer realidad esta segunda fase”, sostuvo.
La primera fase de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso contó con una importante participación financiera del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. En ese sentido, la segunda fase representa la oportunidad de dar continuidad a una obra estratégica para la integración vial y el desarrollo de la región, mediante la gestión del financiamiento que corresponda al nivel nacional.
El Proyecto de Ley N.º 180 busca, en definitiva, que la segunda fase deje de ser solamente una previsión establecida en el Decreto Supremo N.º 4000 y avance hacia una planificación concreta, con financiamiento, responsabilidades y ejecución.
El compromiso es seguir impulsando el proyecto y haciendo seguimiento institucional hasta lograr que la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso avance hacia Campo Pajoso.
El Proyecto de Ley N.º 180/2025-2026 busca declarar de interés público y prioridad nacional la ejecución de la segunda fase de esta carretera de la Red Vial Fundamental. Ante la falta de respuesta a las consultas realizadas durante su tratamiento legislativo, se emitió una conminatoria a las instituciones correspondientes.
El tratamiento del Proyecto de Ley N.º 180/2025-2026 continuará una vez que las instituciones consultadas remitan los informes requeridos y de no emitirse los mismos podría ser rechazado.
La senadora presentó una Petición de Informe Oral para esclarecer por qué el Ministerio atribuyó la responsabilidad al Municipio de Yacuiba, pese a reconocer posteriormente que no existe documentación que acredite una transferencia efectiva de las luminarias
La senadora Rosalva Romero presentó una Petición de Informe Oral (PIO) ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, solicitando que el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, explique las contradicciones existentes respecto a la responsabilidad, administración y funcionamiento de las luminarias de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, Fase I.
La fiscalización tiene como antecedente una Minuta de Comunicación aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores, mediante la cual se recomendó la habilitación y el encendido de las luminarias de esta importante vía.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas rechazó dicha recomendación señalando que la responsabilidad correspondía al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.
Ante esta respuesta, la senadora Romero solicitó posteriormente información oficial mediante un PIE para conocer cuál era el instrumento jurídico mediante el cual las luminarias habrían sido transferidas al municipio, incluyendo convenios, actas de entrega u otros documentos que acreditaran dicha transferencia.
La respuesta recibida genera una situación que, para la legisladora, debe ser esclarecida formalmente: el propio Ministerio informó que no existe convenio específico para la iluminación de la Doble Vía ni transferencia de las luminarias al Gobierno Municipal de Yacuiba.
“No se puede rechazar una recomendación del Senado atribuyendo una responsabilidad que después no puede demostrarse documentalmente”
Romero considera que esta contradicción no es un asunto menor, porque involucra el funcionamiento de las instituciones y el respeto a los mecanismos de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La Minuta de Comunicación fue analizada dentro de los procedimientos legislativos correspondientes y aprobada por el pleno del Senado. Cuando el Ministerio decide rechazarla y fundamenta su posición señalando que la responsabilidad es municipal, esa afirmación debe tener un respaldo técnico, administrativo y jurídico. Si posteriormente se nos informa que no existe convenio, acta ni transferencia de las luminarias, corresponde que el Ministro explique esta contradicción ante la instancia legislativa correspondiente”, afirmó Romero.
La senadora aclaró que su objetivo no es generar una confrontación entre instituciones, sino establecer con precisión quién tiene la responsabilidad legal y administrativa de garantizar el funcionamiento de las luminarias.
La propia ABC anunció la reposición del sistema eléctrico en septiembre de 2025, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó oficialmente que tenía previsto reponer en octubre de ese año el sistema eléctrico de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, después del robo de aproximadamente 3.000 metros de cable, postes y luminarias LED.
La misma publicación señalaba que la reposición estaría a cargo de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), y que, una vez restablecido el sistema eléctrico, la ABC transferiría la administración del sistema al Gobierno Municipal de Yacuiba. Sin embargo, la iluminación continúa sin funcionar.
Para Romero, esto demuestra que ya no se trata solamente de determinar quién debe pagar la energía eléctrica o realizar el mantenimiento.
“Aquí tenemos que preguntarnos qué pasó con los compromisos asumidos. La propia ABC informó que iba a reponer el sistema eléctrico y que posteriormente se realizaría la transferencia al municipio. Hoy, cuando preguntamos por esa transferencia, se nos responde que no existe. Entonces necesitamos saber qué se hizo, qué no se hizo, quién debía hacerlo y por qué después de tantos anuncios la Doble Vía continúa sin iluminación”, sostuvo.
La fiscalización continuará hasta obtener una respuesta
La senadora señaló que la PIO constituye un paso más dentro de un proceso de fiscalización que busca agotar las vías institucionales antes de acudir a otras acciones legales que correspondan.
“No voy a quedarme únicamente con una respuesta administrativa. Estamos documentando cada actuación, cada respuesta y cada compromiso. Si existen responsabilidades, deben establecerse; y si existen obligaciones pendientes, deben cumplirse”, afirmó.
Romero sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía y evitar que una indefinición entre instituciones termine perjudicando nuevamente a la población. “La Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso necesita menos explicaciones, más soluciones y un pronto encendido.”
Ante la creciente preocupación por los problemas de salud mental que afectan a la población boliviana, la senadora Rosalva Romero presentó una Petición de Informe Escrito dirigida a la Ministra de Salud y Deportes, con el objetivo de conocer de manera clara, documentada y transparente cuál es la respuesta del Estado frente a esta problemática.
Trastornos de ansiedad, depresión, consumo problemático de alcohol y otras sustancias, además de situaciones que pueden derivar en conductas suicidas, afectan a personas y familias en todo el país. Esta realidad exige políticas públicas eficaces, atención oportuna y servicios accesibles, especialmente para niñas, niños, adolescentes y otros sectores en situación de vulnerabilidad.
La solicitud plantea 30 requerimientos de información relacionados con la implementación del Plan Plurinacional de Salud Mental 2026–2030, la cobertura de los servicios, infraestructura y capacidad de internación, disponibilidad de profesionales especializados, programas de prevención y rehabilitación, atención en áreas rurales, presupuesto asignado y ejecutado, así como las principales brechas que enfrenta el sistema.
“No podemos enfrentar una problemática de esta magnitud sin conocer con precisión qué está haciendo el Estado, qué resultados está obteniendo y dónde están las principales deficiencias”, sostuvo la legisladora.
Romero remarcó que la fiscalización busca contribuir a que las políticas públicas se basen en información real y verificable, y que los recursos destinados a salud mental respondan efectivamente a las necesidades de la población.
“La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una comunidad que necesitan respuestas concretas”, afirmó.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir políticas de salud que respondan a las necesidades reales de la población.
El pasado 28 de julio, la senadora Rosalva Romero presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley que declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia a la Entrada Folclórica de la Virgen del Carmen de Santa Cruz, con el propósito de reconocer, preservar y fortalecer una de las manifestaciones de fe, cultura e identidad más importantes del oriente boliviano.
La propuesta legislativa busca brindar un marco de protección a esta festividad, promoviendo su conservación, difusión y valoración como parte del patrimonio cultural del país.
Como parte de ese compromiso, la senadora participó en la XXVII Entrada Folclórica de la Virgen del Carmen – «Vamos por el Patrimonio», atendiendo la invitación de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen de Santa Cruz (ASCOFOVIC). La actividad, realizada en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, reunió a más de 80 fraternidades folclóricas, además de miles de bailarines, músicos y familias que, con fe y entusiasmo, dieron vida a una celebración que cada año fortalece la identidad cultural de la región.
Durante la jornada, Rosalva Romero destacó que la masiva participación y la organización de las fraternidades reflejan la importancia que esta festividad tiene para Santa Cruz y para Bolivia.
«Esta entrada folclórica representa la riqueza de nuestras tradiciones, el esfuerzo de quienes las preservan y el profundo sentido de identidad de nuestro pueblo. Por ello presentamos esta iniciativa legislativa, convencidos de que merece el reconocimiento y la protección del Estado», expresó.
La legisladora también reconoció el trabajo de ASCOFOVIC y de cada una de las fraternidades que, año tras año, mantienen viva esta tradición, convirtiéndola en un referente del folclore nacional.
La senadora señaló que continuará impulsando el tratamiento del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta alcanzar la declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, convencida de que proteger nuestras expresiones culturales es preservar la historia, la identidad y el legado que une a todos los bolivianos.
En el marco de su labor constitucional de fiscalización y control, la senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez continúa realizando gestiones para garantizar que los proyectos destinados a fortalecer el sistema de salud se ejecuten con transparencia y en beneficio de la población.
Como resultado del Requerimiento CPPIPCGE-SEN.LRRG/AT N.º 263/2025-2026, presentado el 12 de junio de 2026, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) remitió un informe técnico que da cuenta del estado del equipamiento del Hospital de Tercer Nivel «Fray Quebracho», ubicado en el municipio de Yacuiba.
De acuerdo con la información oficial, para la gestión 2026 se encuentra programada una inversión de Bs 14.325.500 destinada exclusivamente a la adquisición de equipamiento para el hospital, mediante tres procesos de contratación.
La planificación contempla:
Bs 2.460.260 para la adquisición de instrumental médico.
Bs 2.694.465,16 para la compra de equipos de informática, mobiliario hospitalario y mobiliario general.
Bs 9.170.774,84 para la adquisición de equipamiento médico y equipamiento industrial.
Asimismo, el informe señala que entre las gestiones 2023 y el primer semestre de 2025 se desarrollaron nueve procesos de contratación, de los cuales siete concluyeron exitosamente, permitiendo la adjudicación de 143 ítems, mientras que dos procesos fueron declarados desiertos.La documentación remitida por AISEM también establece que la totalidad de los equipos recibidos durante las gestiones 2024 y 2025 ya fueron entregados y transferidos oficialmente al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, institución responsable de su administración, conservación y mantenimiento.
Otro dato relevante revela que el proyecto registra una ejecución físico-financiera del 63,37 %, reflejando importantes avances en la implementación del hospital.
No obstante, el informe advierte que aún resta una inversión de Bs 20.054.015,59 para completar el equipamiento previsto del establecimiento de salud. Parte de ese monto ya fue incorporado al Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2026 para continuar con las adquisiciones durante los meses de mayo y junio.
Entre los equipos pendientes se encuentran aquellos destinados a fortalecer los servicios de Microbiología, Laboratorio Clínico y Servicio Transfusional, cuya incorporación dependerá de la adecuación de los ambientes conforme a la normativa técnica vigente.
La senadora Leonor Rosalva Romero destacó que estos resultados evidencian la importancia de la fiscalización legislativa como herramienta para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y hacer seguimiento permanente a las inversiones destinadas a la salud.
«Nuestro deber es vigilar que cada boliviano conozca cómo se invierten los recursos públicos y que los hospitales cuenten con el equipamiento necesario para brindar una atención digna. La fiscalización permite obtener información oficial, transparentar la gestión pública y exigir que los proyectos concluyan en beneficio de la población.»
La legisladora señaló que continuará realizando peticiones de informe, requerimientos y acciones de seguimiento hasta verificar la conclusión del proceso de equipamiento del Hospital de Tercer Nivel «Fray Quebracho», una obra estratégica para el Chaco boliviano y para miles de familias que esperan acceder a servicios de salud especializados.
