La senadora presentó una Petición de Informe Oral para esclarecer por qué el Ministerio atribuyó la responsabilidad al Municipio de Yacuiba, pese a reconocer posteriormente que no existe documentación que acredite una transferencia efectiva de las luminarias
La senadora Rosalva Romero presentó una Petición de Informe Oral (PIO) ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, solicitando que el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, explique las contradicciones existentes respecto a la responsabilidad, administración y funcionamiento de las luminarias de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, Fase I.
La fiscalización tiene como antecedente una Minuta de Comunicación aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores, mediante la cual se recomendó la habilitación y el encendido de las luminarias de esta importante vía.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas rechazó dicha recomendación señalando que la responsabilidad correspondía al Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.
Ante esta respuesta, la senadora Romero solicitó posteriormente información oficial mediante un PIE para conocer cuál era el instrumento jurídico mediante el cual las luminarias habrían sido transferidas al municipio, incluyendo convenios, actas de entrega u otros documentos que acreditaran dicha transferencia.
La respuesta recibida genera una situación que, para la legisladora, debe ser esclarecida formalmente: el propio Ministerio informó que no existe convenio específico para la iluminación de la Doble Vía ni transferencia de las luminarias al Gobierno Municipal de Yacuiba.
“No se puede rechazar una recomendación del Senado atribuyendo una responsabilidad que después no puede demostrarse documentalmente”
Romero considera que esta contradicción no es un asunto menor, porque involucra el funcionamiento de las instituciones y el respeto a los mecanismos de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La Minuta de Comunicación fue analizada dentro de los procedimientos legislativos correspondientes y aprobada por el pleno del Senado. Cuando el Ministerio decide rechazarla y fundamenta su posición señalando que la responsabilidad es municipal, esa afirmación debe tener un respaldo técnico, administrativo y jurídico. Si posteriormente se nos informa que no existe convenio, acta ni transferencia de las luminarias, corresponde que el Ministro explique esta contradicción ante la instancia legislativa correspondiente”, afirmó Romero.
La senadora aclaró que su objetivo no es generar una confrontación entre instituciones, sino establecer con precisión quién tiene la responsabilidad legal y administrativa de garantizar el funcionamiento de las luminarias.
La propia ABC anunció la reposición del sistema eléctrico en septiembre de 2025, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó oficialmente que tenía previsto reponer en octubre de ese año el sistema eléctrico de la Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso, después del robo de aproximadamente 3.000 metros de cable, postes y luminarias LED.
La misma publicación señalaba que la reposición estaría a cargo de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), y que, una vez restablecido el sistema eléctrico, la ABC transferiría la administración del sistema al Gobierno Municipal de Yacuiba. Sin embargo, la iluminación continúa sin funcionar.
Para Romero, esto demuestra que ya no se trata solamente de determinar quién debe pagar la energía eléctrica o realizar el mantenimiento.
“Aquí tenemos que preguntarnos qué pasó con los compromisos asumidos. La propia ABC informó que iba a reponer el sistema eléctrico y que posteriormente se realizaría la transferencia al municipio. Hoy, cuando preguntamos por esa transferencia, se nos responde que no existe. Entonces necesitamos saber qué se hizo, qué no se hizo, quién debía hacerlo y por qué después de tantos anuncios la Doble Vía continúa sin iluminación”, sostuvo.
La fiscalización continuará hasta obtener una respuesta
La senadora señaló que la PIO constituye un paso más dentro de un proceso de fiscalización que busca agotar las vías institucionales antes de acudir a otras acciones legales que correspondan.
“No voy a quedarme únicamente con una respuesta administrativa. Estamos documentando cada actuación, cada respuesta y cada compromiso. Si existen responsabilidades, deben establecerse; y si existen obligaciones pendientes, deben cumplirse”, afirmó.
Romero sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente esta vía y evitar que una indefinición entre instituciones termine perjudicando nuevamente a la población. “La Doble Vía Yacuiba–Campo Pajoso necesita menos explicaciones, más soluciones y un pronto encendido.”
En el marco de su labor constitucional de fiscalización y control, la senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez continúa realizando gestiones para garantizar que los proyectos destinados a fortalecer el sistema de salud se ejecuten con transparencia y en beneficio de la población.
Como resultado del Requerimiento CPPIPCGE-SEN.LRRG/AT N.º 263/2025-2026, presentado el 12 de junio de 2026, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) remitió un informe técnico que da cuenta del estado del equipamiento del Hospital de Tercer Nivel «Fray Quebracho», ubicado en el municipio de Yacuiba.
De acuerdo con la información oficial, para la gestión 2026 se encuentra programada una inversión de Bs 14.325.500 destinada exclusivamente a la adquisición de equipamiento para el hospital, mediante tres procesos de contratación.
La planificación contempla:
Bs 2.460.260 para la adquisición de instrumental médico.
Bs 2.694.465,16 para la compra de equipos de informática, mobiliario hospitalario y mobiliario general.
Bs 9.170.774,84 para la adquisición de equipamiento médico y equipamiento industrial.
Asimismo, el informe señala que entre las gestiones 2023 y el primer semestre de 2025 se desarrollaron nueve procesos de contratación, de los cuales siete concluyeron exitosamente, permitiendo la adjudicación de 143 ítems, mientras que dos procesos fueron declarados desiertos.La documentación remitida por AISEM también establece que la totalidad de los equipos recibidos durante las gestiones 2024 y 2025 ya fueron entregados y transferidos oficialmente al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, institución responsable de su administración, conservación y mantenimiento.
Otro dato relevante revela que el proyecto registra una ejecución físico-financiera del 63,37 %, reflejando importantes avances en la implementación del hospital.
No obstante, el informe advierte que aún resta una inversión de Bs 20.054.015,59 para completar el equipamiento previsto del establecimiento de salud. Parte de ese monto ya fue incorporado al Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2026 para continuar con las adquisiciones durante los meses de mayo y junio.
Entre los equipos pendientes se encuentran aquellos destinados a fortalecer los servicios de Microbiología, Laboratorio Clínico y Servicio Transfusional, cuya incorporación dependerá de la adecuación de los ambientes conforme a la normativa técnica vigente.
La senadora Leonor Rosalva Romero destacó que estos resultados evidencian la importancia de la fiscalización legislativa como herramienta para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y hacer seguimiento permanente a las inversiones destinadas a la salud.
«Nuestro deber es vigilar que cada boliviano conozca cómo se invierten los recursos públicos y que los hospitales cuenten con el equipamiento necesario para brindar una atención digna. La fiscalización permite obtener información oficial, transparentar la gestión pública y exigir que los proyectos concluyan en beneficio de la población.»
La legisladora señaló que continuará realizando peticiones de informe, requerimientos y acciones de seguimiento hasta verificar la conclusión del proceso de equipamiento del Hospital de Tercer Nivel «Fray Quebracho», una obra estratégica para el Chaco boliviano y para miles de familias que esperan acceder a servicios de salud especializados.
En el marco de su labor de fiscalización, la senadora Rosalva Romero informó que recibió la respuesta oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a la nota mediante la cual solicitó la revisión de la reestructuración aplicada a la institución en la Región Autónoma del Gran Chaco, ante la preocupación por la reducción de su capacidad operativa y de control.
En su respuesta, la ANH señala que la reorganización responde a medidas de austeridad y optimización administrativa dispuestas por el Gobierno Nacional, indicando que las funciones técnicas y legales del Gran Chaco fueron centralizadas en la Dirección Distrital Tarija y que, de momento, la atención se realizará mediante comisiones técnicas periódicas y plataformas digitales.
Sin embargo, la senadora Rosalva Romero manifestó que el Gran Chaco, por su importancia estratégica para el desarrollo energético del país, requiere una presencia institucional permanente, con capacidad técnica y operativa suficiente para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, los productores y los operadores del sector.
«La eficiencia administrativa no puede traducirse en una menor presencia del Estado en una región tan importante como el Gran Chaco. Es necesario fortalecer las instituciones públicas en el territorio para garantizar una adecuada regulación, fiscalización y atención a la población», señaló la legisladora.
Asimismo, anunció que continuará realizando acciones de fiscalización y seguimiento para transparentar los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre la ANH en la región, verificando que no se afecte la calidad de los servicios ni la capacidad de control.
La senadora señaló que defenderá los intereses del Gran Chaco y velará porque las instituciones del Estado cuenten con las condiciones necesarias para cumplir eficazmente sus funciones en beneficio de la población.
Oficina Virtual de la Senadora Rosalva Romero