Se llevó adelante una mesa técnica de análisis sobre el Proyecto de Ley de Prohibición de Juicios en Rebeldía y Protección al Debido Proceso, con la participación de técnicos y el representante de la Fiscalía General del Estado.
El resultado es claro: no existe rechazo al fondo de la propuesta. Al contrario, se coincidió en la necesidad de adecuar nuestra normativa a lo establecido por el Tribunal Constitucional, garantizando plenamente los derechos de las personas dentro de un proceso judicial.
Como proyectista, defendí esta iniciativa que no nace de una posición política, sino de una obligación jurídica: dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 001/2024 y fortalecer la seguridad jurídica en nuestro país.
El debido proceso no es negociable, es un derecho constitucional que protege a todas y todos.
Seguimos trabajando con responsabilidad, apertura al diálogo técnico y firmeza en la defensa de los derechos.