La propuesta, presentada por la senadora Rosalva Romero el 19 de junio, plantea tres polos de desarrollo, incentivos fiscales y aduaneros y un modelo de gobernanza con participación nacional, regional y municipal. Actualmente se encuentra en proceso de consulta con autoridades del Gran Chaco.

Convertir la posición estratégica del Gran Chaco en una oportunidad concreta de inversión, industrialización, generación de empleo e integración comercial es el objetivo del Proyecto de Ley 190/2025-2026 C.S. de Zona Económica Especial del Gran Chaco , presentado el 19 de junio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por la senadora por Tarija Rosalva Romero.
La iniciativa surge en un momento en que Bolivia enfrenta un escenario económico complejo y plantea la necesidad de que las regiones también generen alternativas para enfrentar los desafíos nacionales, aprovechando sus propias ventajas territoriales y productivas.
Desde su presentación, el proyecto viene atravesando una etapa de socialización y análisis técnico. Como parte de este proceso, la comisión encargada de su tratamiento ha realizado consultas a las autoridades regionales y municipales del Gran Chaco, como a ministerios con el propósito de recoger sus criterios, observaciones y propuestas antes de continuar con el tratamiento legislativo.

El proyecto plantea la creación de tres polos de desarrollo en el Gran Chaco, orientados a fortalecer la actividad productiva e industrial y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.
La propuesta está estructurada sobre cinco componentes principales: Objeto y alcance, que establece los fines y beneficiarios del régimen. Delimitación, referida a la creación territorial y asignación de los polos. Requisitos, que determina los criterios de elegibilidad y acreditación. Gobernanza, basada en la coordinación entre los diferentes niveles del Estado y la posibilidad de establecer alianzas público-privadas. Incentivos, destinados a promover la inversión y las actividades productivas.
Uno de los aspectos relevantes es precisamente el modelo de gobernanza, que busca articular al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y gobiernos municipales, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, para acompañar la planificación, implementación y desarrollo de la Zona Económica Especial.
De esta manera, la propuesta pretende que el desarrollo económico de la zona no dependa de la actuación aislada de un solo nivel del Estado, sino de una coordinación institucional que permita generar mejores condiciones para la inversión y la producción.

El proyecto contempla un paquete de incentivos fiscales y aduaneros para hacer más competitiva la región y estimular nuevas inversiones. Entre los beneficios establecidos en la propuesta se encuentran:
Exención total del IUE por 10 años, con la condición de una reinversión mínima del 50% de las utilidades en la Zona Económica Especial del Gran Chaco.
Gravamen Arancelario del 0% para maquinaria, equipos y bienes de capital destinados a nuevas inversiones.
Alícuota preferencial del 3% para materias primas e insumos no producidos en el país destinados a la Zona Económica Especial.
Exención del IT para operaciones entre unidades productivas que formen parte de una misma cadena dentro de la zona.
La intención es que estos incentivos permitan atraer capital nacional y extranjero, pero también beneficiar a quienes ya desarrollan actividades económicas en el territorio.

La propuesta busca que productores, emprendedores y empresarios del Gran Chaco puedan acceder a condiciones que les permitan ampliar sus actividades, incorporar tecnología, industrializar su producción y generar mayor valor agregado.

La propuesta adquiere especial relevancia por la posición geográfica del Gran Chaco, ubicado en un espacio de conexión directa con Argentina y Paraguay. A esta condición fronteriza se suma el desarrollo del Corredor Bioceánico, que abre posibilidades para incrementar el movimiento de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico y fortalecer actividades relacionadas con logística, transporte, almacenamiento, comercio, servicios e industria. Asimismo, la participación de Bolivia en el Mercosur amplía el escenario de integración económica y comercial con los países de la región. En este contexto, la Zona Económica Especial pretende que el Gran Chaco pueda pasar de ser solamente un territorio de tránsito a convertirse en un espacio de producción, transformación y generación de valor, aprovechando las oportunidades que puede ofrecer la integración regional.
La visión planteada es que el beneficio no sea exclusivamente regional. Si el Gran Chaco logra atraer inversiones, desarrollar industrias y generar nuevas cadenas productivas vinculadas al comercio regional, el impacto puede alcanzar al conjunto de Bolivia, fortaleciendo su presencia en los mercados del sur y aprovechando una infraestructura estratégica como el Corredor Bioceánico.
Interés internacional en la propuesta: El proyecto también ha comenzado a despertar interés fuera de Bolivia.
La senadora Rosalva Romero informó que ya recibió contactos desde Paraguay solicitando información y detalles sobre la propuesta, particularmente por las posibilidades que una Zona Económica Especial podría generar para la inversión y la actividad productiva en el Gran Chaco.
Para Romero, este interés demuestra que la ubicación de la región puede convertirse en un factor de atracción de capitales si se crean las condiciones jurídicas, tributarias y de infraestructura adecuadas.
“Ya hemos recibido llamadas desde Paraguay para conocer los detalles del proyecto. Tenemos que aprovechar nuestra ubicación estratégica y entender que el Corredor Bioceánico no debe ser visto solamente como una carretera. Tenemos que generar las condiciones para producir, transformar, atraer inversiones y generar valor en nuestro territorio”, señaló la legisladora.
Una respuesta regional ante el escenario económico del país: Romero considera que el contexto económico que atraviesa Bolivia exige buscar alternativas y fortalecer las capacidades de las regiones.
La Zona Económica Especial se plantea, en ese sentido, como una herramienta para diversificar la economía, promover la industrialización y generar nuevas fuentes de empleo, aprovechando las ventajas que ya posee el Gran Chaco.
“Bolivia atraviesa una situación compleja y las regiones no podemos quedarnos esperando que todas las soluciones vengan del nivel central. Tenemos que accionar desde nuestros territorios, identificar nuestras ventajas y generar condiciones para enfrentar mejor este escenario”, sostuvo.
La propuesta busca, además, que la inversión que llegue al Gran Chaco pueda vincularse con los actores económicos locales y contribuir al desarrollo de cadenas productivas regionales.
El proyecto continúa en etapa de consulta: Actualmente, el Proyecto de Ley de Zona Económica Especial del Gran Chaco se encuentra en proceso de consulta con las autoridades regionales y municipales, como parte del análisis previo a la continuidad de su tratamiento legislativo.
Para la senadora Romero, esta etapa es fundamental porque permite incorporar la visión de las instituciones y autoridades del territorio y fortalecer técnicamente la propuesta.