Ante la creciente preocupación por los problemas de salud mental que afectan a la población boliviana, la senadora Rosalva Romero presentó una Petición de Informe Escrito dirigida a la Ministra de Salud y Deportes, con el objetivo de conocer de manera clara, documentada y transparente cuál es la respuesta del Estado frente a esta problemática.

Trastornos de ansiedad, depresión, consumo problemático de alcohol y otras sustancias, además de situaciones que pueden derivar en conductas suicidas, afectan a personas y familias en todo el país. Esta realidad exige políticas públicas eficaces, atención oportuna y servicios accesibles, especialmente para niñas, niños, adolescentes y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

La solicitud plantea 30 requerimientos de información relacionados con la implementación del Plan Plurinacional de Salud Mental 2026–2030, la cobertura de los servicios, infraestructura y capacidad de internación, disponibilidad de profesionales especializados, programas de prevención y rehabilitación, atención en áreas rurales, presupuesto asignado y ejecutado, así como las principales brechas que enfrenta el sistema.
“No podemos enfrentar una problemática de esta magnitud sin conocer con precisión qué está haciendo el Estado, qué resultados está obteniendo y dónde están las principales deficiencias”, sostuvo la legisladora.

Romero remarcó que la fiscalización busca contribuir a que las políticas públicas se basen en información real y verificable, y que los recursos destinados a salud mental respondan efectivamente a las necesidades de la población.
“La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una comunidad que necesitan respuestas concretas”, afirmó.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir políticas de salud que respondan a las necesidades reales de la población.